Con derecho a roce

En 2020 se podrá acceder a los anticonceptivos “sin coacciones ni discriminaciones”

Incluso en los países más desarrollados, el suministro de píldoras anticonceptivas ha supuesto graves controversias políticas y en muchas ocasiones los profesionales se han negado a suministrarlas.  Las consecuencia directa de esto es el elevado número de embarazos no deseados, además de múltiples complicaciones gestacionales y otros patologías en las jóvenes de lugares socio-económicos bajos o procedentes de países en vías de desarrollo.

Si dudas, acude a un centro de orientación para saber cuál es el anticonceptivo más adecuado para ti.

Por eso, el objetivo de la Cumbre de Planificación Familiar -celebrada en Londres- es movilizar a las autoridades políticas, financieras y de prestación de servicios para garantizar que más de 120 millones de mujeres y niñas de los países más pobres dispongan en 2020 de información, servicios y productos anticonceptivos "sin coacciones ni discriminaciones".

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La OMS también ha mostrado su intención de mejorar la evaluación de los anticonceptivos de calidad ya existentes o nuevos, para que en los países en desarrollo las mujeres cuenten con una amplia gama de métodos eficaces y seguros. Se calcula que en los países en desarrollo hay 222 millones de mujeres y niñas que no quieren quedarse embarazadas pero carecen de acceso a los anticonceptivos y a la información y servicios necesarios para ello.

"El acceso a la anticoncepción moderna es un derecho fundamental de todas las mujeres", ha reconocido la directora general de este organismo de Naciones Unidas, Margaret Chan, que presidió un grupo de debate sobre la ampliación del acceso y de las alternativas. Este derecho, a su juicio, debe ir acompañado de una necesidad de respeto hacia la dignidad de la mujer, "proporcionándole una serie de opciones de planificación familiar y libertad de elección".

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Para ello, una de sus medidas pasa por aumentar el número de profesionales sanitarios cualificados capacitados y autorizados para prestar servicios de planificación familiar, ya que hay unos 57 países que están sufriendo una "crisis de este personal sanitario".

Además, proponen que la planificación familiar sea un componente esencial de los servicios de atención sanitaria durante la época prenatal, inmediatamente después del parto o de un aborto, y durante el año siguiente al mismo; y ampliar el uso de los métodos de larga duración o permanentes, como los dispositivos intrauterinos, los implantes anticonceptivos, la vasectomía o la esterilización femenina.